La práctica de las decisiones en conjunto
Programa Derecho y Ciudadanía contribuye para reestructurar los consejos comunitarios del Bajo Sur de Bahía, que pasan a contar con mayor participación de la sociedad
Bruno Galba ◦ texto Christian Cravo ◦ fotos

En octubre, los electores de los once municipios del Bajo Sur de Bahía eligieron sus representantes en las alcaldías y en las cámaras municipales por medio del voto directo. El poder de elegir a los gobernantes es aún el más simbólico y uno de los más expresivos actos democráticos, pero no es el único. La constitución de 1988 establece la descentralización del poder público a través de la creación de consejos municipales. Los consejos son instancias formadas por representantes del poder público y de la sociedad civil, divididos igualmente, con el objetivo de debatir y deliberar sobre políticas públicas en varias áreas sociales. Esa representividad convierte a los consejos en espacios legítimos para la participación decisiva de la comunidad.

En el 2000, el Instituto del Desarrollo Sustentable del Bajo Sur (Ides) organizó una encuesta para evaluar el funcionamiento de los consejos municipales del Bajo Sur en las áreas de Educación, Salud, Asistencia Social y Derechos de los Niños y Adolescentes. El estudio reveló que en general los consejos estaban desarticulados, eran ineficaces y poco conocidos en la población. “Era necesario reestructurar esos órganos y promover la participación de la sociedad. Para ello se creó el Programa Derecho y Ciudadanía”, explica Liliana Leite, directora Ejecutiva del Instituto Derecho y Ciudadanía, institución responsable de la coordinación del programa.

Iniciado en el 2001, con recursos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el programa identificó líderes comunitarios, presidentes de asociaciones y de grupos religiosos y culturales y jóvenes protagonistas para formar las comisiones pro ciudadanía, foros de discusión de los problemas del municipio. “El espíritu de esas comisiones es de cooperación. Buscamos integrar personas del poder público y de la comunidad para que surjan soluciones”, dice Liliana.

Maria Celeste de Jesús, 22 años, participó de las comisiones y se percató de los cambios significativos. En la ciudad donde vive, Presidente Tancredo Neves, el Consejo Municipal de Derechos del Niño y del Adolescente (CMDCA) existía solo en el decreto municipal, pues resultaba inoperante. “Ayudamos a rescatar el Consejo con la participación de la comunidad, que se envolvió en el proyecto”, relata. Con el CMDCA funcionando, Tancredo Neves tendrá, a partir del 2005, su primer Consejo Tutelar. El órgano recibe denuncias de amenazas o violación de los derechos de los niños y adolescentes y exige soluciones.

El municipio de Igrapiúna estuvo en situación semejante hasta el 2003, cuando se creó el Primer Consejo Tutelar de la ciudad. A la consejera Tânia Moreira Lima, 37 años, le encanta cuidar a los niños y adolescentes. “Nuestra mayor tarea ha sido concienciar a los padres sobre la responsabilidad con la estructura familiar”.

Para ejercer sus funciones con calidad, 250 consejeros del Bajo Sur fueron capacitados en una acción conjunta entre el Ministerio Público y el Programa Derecho y Ciudadanía. Todos pasaron por un proceso de formación que abarcaba temáticas como funciones básicas de los consejeros municipales, conocimientos específicos sobre el papel de cada consejo y nociones básicas de planeamiento estratégico. “Fue un trabajo de equipo. El Ministerio Público estuvo a cargo del conocimiento técnico y el PDC de la pedagogía”, afirma el fiscal Edivaldo Bispo, de la comarca de Camamú. “La capacitación fue importante también para los jóvenes, quienes tuvieron una visión más profunda sobre ciudadanía y cuando sean adultos se notará la diferencia en el municipio.”

Tatiane Lima Moreno, 22 años, participó de la Comisión Pro Ciudadanía en Camamú y actualmente se destaca en la facultad, donde estudia administración. “La visión que tengo hoy es totalmente distinta. Los profesores hablan siempre de que tengo un gran potencial”.

Después de la estructuración de los consejos, el IDC asumirá desafíos mayores. En el 2005, la institución coordinará el Tributo al Futuro, un programa de fortalecimiento de los Fondos Municipales de la Infancia y la Adolescencia en el Bajo Sur.

La Ley Federal 8.242/91 del estatuto del Niño y del Adolescente permite la donación de parte de los impuestos a la Renta Debido (hasta el seis porciento para personas físicas y el uno porciento para las jurídicas) a esos fondos, sin ningún recargo. El dinero recaudado se destina a programas sociales volcados en la infancia y la juventud. En ese caso, son los proyectos que integran el programa de Desarrollo Regional, Integrado y Sustentable del Bajo Sur (PDRIS). “La ley asegura que el contribuyente elija el proyecto que apoyará”, afirma Liliana Leite. “Ello permite que el ciudadano o empresa monitoreé la aplicación del dinero en acciones sociales”.

Aunque la ley existe hace 14 años, su utilización es todavía muy tímida. Solo el 2,3% de las empresas brasileñas utilizan la legislación para apoyar proyectos sociales. La Federación de Industrias de Río Grande del Sur (Fiergs) estimula al empresariado gaucho a adherir a este modelo, y este año ya recaudó R$ 20 millones. El potencial de recaudación del estado es estimado en R$ 100 millones. La Fundación Odebrecht pretende reproducir el modelo en Bahía, que posee un potencial de recaudación semejante al de Río Grande del Sur. El primer paso será movilizar a la propia Organización Odebrecht y a sus integrantes, a partir del 2005.